la Asociación Argentina de Actores, y la reacción del sector empresario frente a la Ley del Actor

LA LEY DEL ACTOR Y LA DOBLE MORAL EMPRESARIA

La Asociación Argentina de Actores por su oficina de prensa

sale a denunciar las intenciones del sector empresario

Por medio de su oficina de prensa, la Asociación Argentina de Actores, ha fijado su posición respecto a la reacción del sector empresario frente a la recientemente sancionada Ley del Actor y dice así:

Si bien la ley del actor aún no ha entrado en vigencia, el sector empresario involucrado en su aplicación  ya ha comenzado a desplegar toda su artillería para evitar que los actores tengan los mismos derechos que cualquier otro trabajador que depende de su salario para vivir y alimentar a su familia.

Bajo la apariencia de una invitación “para  dialogar acerca del impacto de la Ley del Actor” expresada en la nota que ha hecho pública la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET) se esconde la verdadera motivación patronal que ha movido a dicha Asociación a convocar a diversas figuras de la actividad teatral, actores, directores, asistentes, etc.

Aprovechando el desconocimiento de los aspectos técnicos de la ley y la dificultad para quienes no manejan cuestiones de técnica legal, tributaria e impositiva que les permita incorporar contenidos legales y analizarlos debidamente, como le sucede a la mayoría de los actores, pretenden convencerlos  de que una vez que esta ley sea puesta en marcha no se podrá seguir produciendo obras de teatro en la Argentina por cuanto ni los empresarios, ni los propios actores, ni nadie, podrá afrontar el aumento del costo laboral que esta ley implica.

Mienten. Los actores no tendrán  ninguna disminución en sus ingresos por tener que pagar jubilación. Lo hemos explicado en todos los encuentros informativos para los actores afiliados y no afliados, celebrados en la Asociación Argentina de Actores, a los actores que se han acercado a informarse, a sus representantes artísticos y hasta a sus contadores y abogados de confianza. Porque aún siendo trabajadores en relación de dependencia muchos actores   han sido obligados por sus empleadores a inscribirse como autónomos (monotributistas y responsables inscriptos, según el caso) y a tributar como si lo fueran, debiendo incluso contratar a contadores para que los asesoren, cuando la única obligación que debían asumir era realizar su tarea y al momento del cobro de sus haberes, firmar el recibo con el que por convenio colectivo se instrumenta el pago del salario. Esta práctica empresaria ha llevado a muchos actores a creer erróneamente que no son empleados de quienes los contratan.

Mienten. Los únicos que sí tendrán un costo mayor serán los empresarios. Y este costo mayor los igualará a cualquier otro empresario que contrata a otra persona para que trabaje para él a cambio de una remuneración. Si hay  patrón, hay obligación de pagar sueldo, de registrar al trabajador y de pagar obra social y jubilación. Sin embargo, los empresarios teatrales y los de las demás ramas de la actuación,  han sido privilegiados hasta hoy porque nadie les exigió nunca que cumplieran con estas obligaciones.

Mienten. Y lo disfrazan de preocupación por la actividad teatral. Cuando tuvieron la posibilidad de exponer su posición respecto de la ley, en las dos cámaras del Congreso, comenzaron sus intervenciones diciendo que “celebraban” la sanción de esta ley y que reconocían la injusticia de todos estos años, en que los actores no tuvieron el derecho a gozar de una jubilación al momento de retirarse.  Pero en privado, a solas con cada uno de sus contratados, no dudan en obligarlos a firmar contratos que dicen que si la ley del actor entra en vigencia, las partes negociarán un nuevo contrato y acordarán una nueva remuneración, obviamente, más baja.

Mienten. Porque con el argumento de la “atipicidad” de la actividad artística pretenden justificar la precariedad y desprotección laboral. Con el argumento de la “especificidad” de la actividad sostienen que el régimen jubilatorio general no puede aplicarse a los actores, que es necesario  crear un sistema más “solidario”, que sirva para vigorizar la actividad. Saben de sobra que hace muchos años que se están quedando con las contribuciones patronales. Saben de sobra que la falta de registración de los contratos  ha contribuido a desfinanciar la Obra Social solidaria que da cobertura a los actores y sus familias.  Lo reconocen en público, pero presionan a los actores para que firmen que si la ley entra en vigencia, renunciarán a sus derechos.

La convocatoria  al teatro El Nacional distribuida por AADET  “ para debatir la ley” es otra muestra de su doble moral: reconocieron en el Congreso, cuando tenían a diputados y senadores observándolos, que la ley del actor es una reparación histórica con los trabajadores de la cultura, pero por otro lado los convocan para convencerlos que la ley no les conviene, que su puesta en marcha pone en riesgo la actividad, que los actores se van a ver perjudicados porque con los nuevos costos ellos no van a poder seguir produciendo. Idénticos argumentos a los que utilizan cada año cuando discuten salarios. Sólo que esta vez, se dicen preocupados por la actividad, solidarios, a favor de reconocer la relación de dependencia.

Por eso advertimos a nuestros afiliados que estén atentos a las maniobras empresarias, que lean la ley, que pregunten, que asistan a las reuniones informativas que realizamos periódicamente en el sindicato de actores, que acerquen sus dudas, que no se dejen engañar: los empresarios defienden su bolsillo, no a los actores, de quienes no son ni serán jamás, socios. Aunque paguen su remuneración con un porcentaje de la venta de las entradas